Historia cronológica del caso Begoña Gómez: Cuando la justicia baila al son de la política

En el gran teatro de la política española, donde la separación de poderes parece ser un concepto tan maleable como la plastilina, se ha desarrollado un espectáculo judicial que haría sonrojar al mismísimo Maquiavelo. Protagonizado por la primera dama Begoña Gómez y el presidente Pedro Sánchez, este vodevil jurídico ha ofrecido más giros que una peonza en manos de un niño hiperactivo.

La denuncia: Un clásico de nuestros tiempos

Todo comenzó, como no podía ser de otra manera, con una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias. Sí, ese mismo cuyo historial de denuncias tiene tanto éxito como un vendedor de paraguas en el Sáhara. Esta vez, armados con recortes de prensa y una supuesta carta de recomendación firmada por Begoña Gómez (porque, aparentemente, las pruebas sólidas están sobrevaloradas), se lanzaron a su cruzada particular contra el tráfico de influencias.

El juez Juan Carlos Peinado, en un alarde de eficiencia que ya quisieran ver los ciudadanos en otros ámbitos de la administración, decidió abrir diligencias más rápido que un político cambia de opinión en campaña electoral.

El juez estrella: ¿Justicia ciega o con un ojo guiñado?

Aquí es donde nuestro intrépido juez Peinado entra en escena. Con una imparcialidad tan cuestionable como la calidad del café de máquina, el magistrado ha liderado esta investigación con un celo digno de mejor causa. 

Es curioso cómo, en este país, los jueces parecen tener una brújula política integrada. En el caso de Peinado, esa brújula apunta firmemente hacia la sede del Partido Popular. ¿Será casualidad que su hija milite en dicho partido? Seguramente, tan casual como encontrar agua en el mar.

La guinda del pastel llegó cuando se descubrió que, en su providencia, el juez Peinado había citado dos artículos inexistentes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un error que cualquier estudiante de primero de Derecho habría evitado, pero que aparentemente pasa desapercibido cuando uno está muy ocupado haciendo justicia... o lo que sea que esté haciendo.

El presidente reflexiona... ¿o abatimiento?

Ante este tsunami judicial, Pedro Sánchez decidió tomarse un respiro de cinco días para "reflexionar". Un gesto tan dramático que haría palidecer a las telenovelas latinoamericanas. Lo comunicó a través de una carta en redes sociales tan emotiva que hasta los más cínicos sintieron un nudo en la garganta (o quizás eran arcadas, es difícil distinguir en estos tiempos).

Y como si el drama nacional no fuera suficiente, entró en escena el siempre polémico Javier Milei, presidente de Argentina. Con la sutileza de un elefante en una cacharrería, Milei acusó a Sánchez de "estar más cerca del comunismo" y de ser un "empobrecedor serial". Unas declaraciones que, lejos de generar una crisis diplomática, parecieron ser música para los oídos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no tardó en condecorar a Milei por su valentía en decir "verdades". Porque aparentemente, en el mundo de la política, insultar a un jefe de Estado extranjero es ahora un acto de heroísmo digno de reconocimiento.

Barrabés y el rector: Acusados sin causa

En el circo judicial que se ha montado alrededor del caso de Begoña Gómez, no podían faltar más invitados a la fiesta de la confusión. Entren en escena Javier Barrabés, empresario tecnológico, y Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos han sido llamados a declarar como investigados en este sainete legal, pero aquí viene lo mejor: ninguno de los dos sabe exactamente de qué se les acusa.

Imaginen por un momento que les detiene la policía y les dice: "Están ustedes acusados de... algo. Ya les diremos de qué". Pues bien, bienvenidos al maravilloso mundo de la justicia española en el siglo XXI. Barrabés y Goyache se encuentran en el limbo legal, como personajes de una obra de Kafka adaptada por Berlanga.

El juez Peinado, en su infinita sabiduría (o quizás en su infinita confusión), ha decidido que estos señores deben ser investigados. ¿Por qué? Bueno, eso es un detalle menor. Lo importante es investigar, ya encontraremos algo, ¿no? Es como ir de pesca sin caña, sin anzuelo y sin saber si hay peces en el agua. Pero ey, ¡la esperanza es lo último que se pierde!

Esta situación no solo roza lo absurdo, sino que pone en evidencia la fragilidad de nuestro sistema judicial cuando se ve sometido a presiones políticas. Porque, seamos sinceros, si esto no es una caza de brujas, se le parece bastante. Y mientras tanto, Barrabés y Goyache siguen esperando que alguien les explique de qué se les acusa. Quizás deberían contratar a un adivino en lugar de a un abogado.

La investigación prospectiva: Cuando la ley se convierte en un juego de azar

Y ahora, queridos lectores, permítanme introducirles en el fascinante mundo de las investigaciones prospectivas. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, una investigación prospectiva es algo así como lanzar una red al mar y ver qué peces caen, en lugar de ir a por un pez en concreto. El pequeño detalle es que, en un Estado de Derecho, esto es tan legal como intentar pagar los impuestos con cromos de fútbol.

En el caso que nos ocupa, parece que el juez Peinado ha decidido convertir la investigación en una especie de búsqueda del tesoro judicial. "Vamos a investigar a ver qué encontramos", parece ser el lema. El problema es que esto va en contra de todos los principios básicos de un sistema judicial justo y democrático.

La ley es clara: para iniciar una investigación se necesitan indicios concretos de un delito específico. No vale eso de "investiguemos y ya veremos qué sale". Es como si la policía decidiera registrar todas las casas de una calle "por si acaso" alguien está cometiendo un delito. Suena absurdo, ¿verdad? Pues bienvenidos a la realidad de esta investigación.

Lo más preocupante es que este tipo de prácticas no solo son ilegales, sino que suponen un peligroso precedente. Si permitimos que se lleven a cabo investigaciones prospectivas, estamos abriendo la puerta a que cualquiera pueda ser investigado en cualquier momento sin motivo aparente. Es el sueño húmedo de cualquier estado totalitario y la pesadilla de cualquier democracia que se precie.

Y mientras tanto, el juez Peinado sigue adelante con su particular versión de "Dónde está Wally", pero en lugar de buscar a un tipo con gafas y gorro de rayas, busca delitos que quizás ni siquiera existen. Todo ello, por supuesto, en nombre de la justicia. Porque ya se sabe, en España la justicia es ciega... y a veces también sorda, muda y con un sentido del humor bastante peculiar.

La querella final: El contraataque del Imperio

Finalmente, tras la declaración de Sánchez en Moncloa (donde, sorpresa, se acogió a su derecho a no declarar), la Abogacía del Estado contraatacó con una querella contra el juez Peinado por presunto delito de prevaricación. Porque en este país, cuando la justicia se tuerce, la solución es... ¡más justicia!

Reflexiones de un cronista decepcionado

Este culebrón judicial nos ha entretenido durante todo el verano, demostrando que en España, la política y la justicia son como el aceite y el agua: no se mezclan, pero siempre acaban en el mismo plato.

Es evidente que España necesita, con urgencia, una regeneración democrática profunda y sincera. Los recientes acontecimientos no son más que el síntoma de un sistema que permite el abuso de poder y la instrumentalización de la justicia con fines políticos. Es inaceptable que se utilicen las instituciones del Estado para destruir familias y carreras políticas en pos de los intereses de ciertos sectores de la derecha española.

La ciudadanía merece un sistema judicial verdaderamente independiente, donde los jueces actúen basándose en la ley y no en sus afiliaciones políticas o las de sus familiares. Necesitamos una clase política que entienda que el servicio público no es un medio para el enriquecimiento personal o el ajuste de cuentas con los adversarios.

Es hora de que los españoles exijan una limpieza a fondo de las instituciones, una verdadera separación de poderes y un compromiso real con la ética y la transparencia en la vida pública. Solo así podremos evitar que casos como el de Begoña Gómez se conviertan en la norma y no en la excepción. La democracia española está en juego, y es responsabilidad de todos defenderla y fortalecerla.

Una cosa es segura: en la política española, la realidad supera con creces a la ficción. Y mientras nuestros representantes y jueces siguen jugando al gato y al ratón, el ciudadano de a pie solo puede sentarse, suspirar, y preguntarse cuándo la justicia volverá a ser ciega en lugar de bizca.
Agarrémonos fuerte, queridos lectores, porque este tren de la justicia selectiva no parece tener frenos